¿Qué es una política pública?

Las políticas públicas son estrategias emprendidas por el Estado para resolver o aminorar un problema claramente identificado. Las políticas son esfuerzos intencionados1 que hacen uso de los recursos humanos, económicos e institucionales con que cuenta el Estado para crear un futuro que es materialmente distinto al que existiría si prevaleciera el estatus quo. Las políticas públicas son la esencia de la intervención estatal y son necesarias para “corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público”2. En tanto que son estrategias en las que participa el sector gubernamental, las políticas públicas se generan dentro de un marco institucional, en donde organizaciones públicas y funcionarios son responsables de ciertas acciones y resultados, y cuya regulación emana de un conjunto de leyes y reglas formales3.

A pesar de la diversidad conceptual alrededor de las políticas públicas, así como de las etapas que las integran, la mayoría de los autores coinciden en que se puede definir a una política pública siempre y cuando el Estado reconozca y elabore el diagnóstico de un problema público (i.e., un problema que es común y de atañe al público o a un segmento de éste). En consecuencia, el gobierno se compromete a formular y poner en marcha una estrategia, una decisión de actuar o no actuar, con el propósito de abordar el problema reconocido4.

Otros autores han desarrollado la narrativa de que las políticas públicas existen a partir de que el gobierno (Estado) retoma las demandas sociales a través de diversos mecanismos: liderazgos y movimientos sociales, la reforma legal, el análisis académico, la influencia de la sociedad civil organizada, entre otros. Sin embargo, en esta narrativa complementaria se mantiene la tesis de que, una vez identificado un problema público, el Estado invierte recursos y orienta su acción para resolver un problema5. Una vertiente aún más deliberativa, ofrece una interpretación similar; empero, establece que para que una política sea cabalmente “pública”, ésta debe incluir la participación de los ciudadanos en el diseño, selección, implementación y evaluación de la estrategia6.

En cualquier caso, una perspectiva de política pública implica que una de las funciones fundamentales del Estado es instrumentar acciones que conlleven al mejoramiento de la vida en sociedad y garantizar derechos. Generalmente las estrategias adoptadas para resolver problemas públicos (ya sean identificados a través del diagnóstico estatal, la obligación legal, la participación ciudadana o demanda social) devienen en acciones, actividades y resultados específicos de los cuales emana responsabilidad política y jurídica.  Es decir, el gobierno construye una agenda, define problemas e implementa y evalúa sus estrategias. Todo ello implica un compromiso explícito con los resultados obtenidos7.

El desarrollo de una política pública, así entendida, se puede representar a través de la siguiente secuencia lógica (fig.1):

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Figura 1 - Fases de política pública

a) Diagnóstico y definición del problema.

Consiste en seleccionar un problema sobre otros, definirlo explícitamente y justificar la necesidad de intervención del Estado. La identificación del problema, por tanto, se divide en la definición explícita y transparente del problema público, la argumentación sobre su naturaleza y posibles causas, así como de la justificación de acción gubernamental en tanto que el problema afecta al espacio público. En los términos de E. Bardach, la definición del problema público debe de ser evaluativa y, de ser posible, medible8. Los problemas a resolver pueden estar dictados por ley, pero también se pueden detectar y definir problemas públicos no directamente contemplados en las leyes o incluso en ausencia de éstas (por ejemplo, la ausencia de un marco regulatorio puede ser, en sí mismo, un problema público). Para que un problema sea considerado tal es necesario que, de manera simultánea, se piense en alternativas posibles y se formule una secuencia de interrogantes que permitan definir la naturaleza del mismo:

  • ¿Por qué es un problema público?
  • ¿A quién o a quiénes afecta?
  • ¿Por qué las políticas existentes no logran resolverlo?
  • ¿Su resolución es competencia de esta organización o de alguna otra?

b) Planeación.

La planeación o diseño de la política pública se refiere al planteamiento de los objetivos y resultados a alcanzar. Esta etapa incluye la definición de las alternativas para conseguir los objetivos planteados y la proyección de escenarios y resultados esperados. Lo anterior se conoce como una “teoría de cambio” (una argumentación sobre cómo las actividades implementadas y los suministros usados llevarán a resultados concretos). Dicha teoría requiere de la identificación de la población beneficiada o atendida por las acciones emprendidas en un período también explícito. Al momento de pensar en soluciones y alternativas para lograr los objetivos o resolver el problema es importante considerar las siguientes preguntas:

  • ¿Por qué? Justificar la elección de la estrategia y su inclusión en las prioridades del gobierno. Es fundamental justificar la elección de una política como la herramienta más adecuada para resolver el problema identificado.
  • ¿Para qué? Establecer los objetivos y las metas a alcanzar así como definir cómo se va evaluar la política pública.
  • ¿Cuándo? Establecer el tiempo en el que la política debe actuar y en qué momento se piensan obtener los resultados esperados.
  • ¿Dónde? Definir si la política a emprender será en el ámbito nacional o subnacional; y pensar en las acciones considerando las características regionales y recursos disponibles.
  • ¿A quién va dirigida? Considerar el número de beneficiarios y sus características.
  • ¿Quiénes? Tomar en cuenta a los actores involucrados en el proceso y definir a los colaboradores y posibles adversarios de la política: gobierno, partidos políticos, organizaciones civiles y grupos de presión, etc.

c) Implementación.

La fase de implementación se refiere al proceso de ejecución de la estrategia (alternativa) adoptada. Por tanto, la implementación se refiere a la secuencia de acciones y actividades, momentáneas, periódicas o sostenidas, que hacen operativa una teoría de cambio y sus componentes. La implementación conlleva la identificación y uso de recursos e instrumentos (humanos, materiales, financieros, etc.), estrategias de control y los ajustes que se deban hacer a la alternativa adoptada para hacer frente a contingencias e imprevistos.

Probablemente la implementación sea la fase más importante y compleja del proceso de política pública. Esto se debe a que ésta es la fase en que los planes se someten a prueba y son, inevitablemente, sujetos a las circunstancias. La implementación puede considerarse un proceso iterativo de aprendizaje, en el que los hacedores de política pública aprenden a ajustar sus estrategias (acciones, suministros, actividades, etc.) de tal forma que las políticas puedan cumplir con sus objetivos. De ahí que sea sumamente importante la reflexión sobre la implementación. Como mínimo, esta reflexión habría de considerar las siguientes cuestiones:

  • ¿Qué se va a hacer?
  • ¿Qué actores se encargarán de realizar cada actividad?
  • ¿Qué condiciones y actores pueden ayudar o limitar el éxito de la política pública?
  • ¿Con qué recursos se cuenta y en qué medida estos recursos se mantendrán en el tiempo?

d) Evaluación.

La etapa de evaluación determina mediante criterios explícitos en qué medida la política se ha implementado como se esperaba y, más importante, si ésta ha alcanzado los objetivos y resultados esperados. Es decir, la evaluación permite verificar que la teoría de cambio adoptada tiene validez y que el proceso de implementación fue satisfactorio. Además, la evaluación implica la documentación de todas las fases de la política y la comunicación de los beneficios obtenidos (y los que no se obtuvieron). Como antes, la fase de evaluación puede argumentarse a partir de una serie de preguntas que el hacedor de política habría de contestar:

  • ¿Qué se evalúa?
  • ¿Qué instancias se encargarán de evaluar?
  • ¿Qué criterios de evaluación, cuantitativos o cualitativos, se pueden utilizar?
  • ¿Qué etapa de la política se quiere evaluar?
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Cuadro 1 — Criterios mínimos de catalogación de políticas públicas

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Cuadro 1 — Criterios mínimos de catalogación de políticas públicas (cont.)

Criterios mínimos de catalogación

Con base en los elementos anteriores, proponemos diez criterios mínimos agrupados en tres grandes conjuntos analíticos (problema, resultado, teoría de cambio) que deben considerarse para la catalogación de políticas públicas (ver Cuadro 1). Cada uno de estos criterios ofrece información básica sobre distintos aspectos de una política, permiten la comparación y evaluación y dan elementos para entender todas las etapas de evolución de una estrategia adoptada (diagnóstico, planeación, implementación y evaluación).

Problema

Como mínimo, el catálogo debe incluir elementos que permitan evidenciar la definición del problema público a resolver (es decir, el diagnóstico y las características de la estrategia planeada). Además, el catálogo debe incluir una justificación de la  necesidad  de  acción  gubernamental  que fundamenta la política y las acciones emprendidas. Existen tres puntos fundamentales que deben saberse en este rubro:

1) Problema se refiere a la definición minuciosa de la problemática a resolver o de la obligación que se debe cumplir; sus características centrales y, por ende, sus causas probables.

2) Alternativa se refiere a la explicación detallada de la solución y estrategia escogida para atajar el problema identificado, con base en la definición y diagnóstico del problema.

3) Justificación indica la defensa y argumento jurídico y técnico (con base en criterios presupuestales, instrumentales, éticos, etc.) de la alternativa escogida.

Resultado

Un segundo conjunto de criterios mínimos contiene la definición de resultados planeados e impactos esperados, así como de los beneficiarios de la solución escogida. Es decir, el catálogo debe ofrecer la posibilidad de identificar cuáles son los propósitos generales y particulares que derivan de un curso de acción específico. Además, el catálogo debe identificar claramente quién o quiénes reciben beneficios del cumplimiento de los objetivos de una política pública:

4) Impacto(s) es lo que se espera conseguir por medio de la política pública en el agregado. Es el objetivo general de la política pública en términos del problema público identificado.

5) Resultado(s) se refiere a los objetivos específicos que se espera conseguir directamente con la implementación de la alternativa escogida. Los resultados deben necesariamente contribuir al objetivo general (impacto).

6) Beneficiarios son los actores, individuales o colectivos, a los que se busca beneficiar directa o indirectamente con los resultados de la política.

Teoría del cambio

La teoría de cambio es el argumento que sustenta la política pública. Se trata de la narrativa que conecta los diferentes suministros, actividades y productos con los objetivos que se derivan de un diagnóstico específico. Es decir, es la teoría sobre cómo los elementos de intervención potencialmente desembocarán en un cambio en términos del problema público identificado (una “solución”, “mejoría”, etc.). El catálogo también debe incluir funcionalidades para codificar los componentes mínimos de las teorías de cambio:

7) Suministros son los recursos que se han invertido (o se invertirán) en la política pública. Son los recursos (materiales, humanos, financieros, tiempo, etc.) que hacen que la alternativa escogida se convierta en una realidad.

8) Actividades son las acciones llevadas a cabo con los recursos que llevarán a productos específicos.

9) Productos son los efectos directos de las actividades implementadas y que, se asume, llevarán a resultados.

10) Interesados son todos aquellos actores individuales o colectivos cuyos intereses podrían verse afectados por la política pública. Los interesados se dividen en tres grupos: responsables (los encargados de llevar a cabo las actividades de la política), aliados (quienes podrían contribuir al éxito de la política aun cuando no son directamente responsables por la misma) y oponentes (actores que pueden obstruir o limitar la implementación y éxito de la política pública).

Criterios de evaluación

Además de hacer explícitos los criterios anteriores, el catálogo debe incluir funcionalidades que permitan establecer criterios de evaluación que, a su vez, den pistas sobre si la política funciona o no (i.e., permitan evaluar el funcionamiento y desempeño de las alternativas escogidas). Para aprehender el desempeño de las políticas, se deben formular criterios de evaluación que arrojen luz sobre si el la implementación está llevándose acabo como se había planeado y sobre si se están alcanzando los objetivos planeados.

Los criterios de evaluación se pueden pensar como una categoría transversal al resto de los criterios mínimos. Lo anterior con el objetivo de que, al momento de catalogar su política pública, el usuario considere cómo evaluaría cada componente de la cadena de política pública. Reflexionar acerca de cómo se evalúa cada elemento le permitirá al usuario comprender cómo se vería el éxito en las distintas etapas de la política pública.  Adicionalmente, en caso de que la política pública no tenga el impacto o resultados esperados, los criterios de evaluación pueden aportar elementos para identificar más fácilmente deficiencias y consecuencias no previstas.

En particular, se deben contemplar criterios de evaluación en seis categorías, las primeras tres correspondientes a los criterios mínimos de resultado y tres más correspondientes a las teorías de cambio. Cada conjunto de criterios de evaluación debe ser capaz de responder una pregunta guía: impacto (¿cómo sabemos si se están logrando los objetivos generales de la política?), resultado (¿cómo saber si se han alcanzado los objetivos específicos de la política?), de focalización (¿cómo saber si se están beneficiando a los beneficiarios seleccionados?), de diseño/suministros (¿cómo verificar que se tienen y mantienen los recursos necesarios para implementar la política escogida durante el tiempo que ésta se implementa?), de desempeño (¿cómo saber si se están llevando a cabo satisfactoriamente las actividades necesarias?) y de producción (¿cómo sabemos que las actividades están llevando a los productos necesarios?).

A cada criterio mínimo que implique actividades o resultados que afecten el desempeño de la política habría de añadirse criterios que arrojen información para su evaluación (cf. Cuadros 1 y 2). Es decir, para todo elemento incluido en el catálogo susceptible de evaluación deben existir funcionalidades para que los catalogadores identifiquen y expliciten criterios de evaluación cuantitativa o cualitativa.

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Cuadro 2 — Propósito de diferentes Criterios de evaluación

Los criterios mínimos y las distintas etapas de la política pública

Es importante mencionar que los criterios mínimos y de evaluación tienen una relación con las distintas etapas de política pública (cf. Fig.1). Durante cada etapa de la política, el responsable de una la política deberá prestar especial atención a algunos criterios a catalogar. En este sentido, durante la fase de diagnóstico, el usuario deberá, cuando menos, definir el problema que espera atacar, explicar la alternativa que ha escogido para resolverlo y explicar por qué la ha elegido. Durante la fase de planeación, el usuario deberá, cuando menos, considerar los resultados que busca (los objetivos específicos y el objetivo general) y a quiénes pretende beneficiar. Durante la etapa de implementación, el  usuario tendrá  que considerar cuál es la teoría de cambio que sirve de guía para su política (cuáles son sus suministros, actividades, productos e involucrados) y cómo debe llevarse a cabo. Finalmente, para la evaluación, el usuario deberá considerar y hacer explícitos criterios de evaluación que permitan eventualmente obtener información sobre el desempeño y efectividad de la política (Fig.2).

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Fig.2 — Modelo lógico para la catalogación de políticas públicas


ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA UN CATÁLOGO DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El objetivo del CATPAI (Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la Información) es identificar y clasificar los distintos problemas y políticas públicas que diseñan y ponen en marcha los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Por un lado,  la expectativa es que el CATPAI brinde la mayor cantidad de información relevante y lo haga de manera comparable. El Catálogo debería brindar a ciudadanos y funcionarios acceso a toda la información relevante para la toma de decisiones públicas.

Por otro lado, es importante que el CATPAI cumpla una función de pedagogía pública. Es decir, se pretende que el catálogo permita a los ciudadanos entender la lógica detrás de la utilización de los recursos públicos usados para garantizar el acceso a la información pública. El catálogo debe también orientar a los funcionarios y sujetos obligados a documentar mejor sus políticas y a reflexionar sobre el diseño, implementación y evaluación de las mismas.

Para lograr los propósitos mencionados es sumamente importante contar con una metodología de desarrollo e implementación del catálogo de política. En este sentido, existen dos rubros fundamentales que es necesario abordar. Primero, es importante reflexionar sobre qué tipo de interacción y responsabilidades específicas tendrán los distintos usuarios del catálogo de políticas públicas. En particular, es importante considerar qué usuarios alimentarán la base de datos y cuáles serán sus responsabilidades mínimas. En segundo lugar, es necesario decidir cómo se debe presentar la información para lograr que ésta sea útil, tanto para funcionarios como para ciudadanos.

Este documento aborda ambas cuestiones. Primero, evalúa y ofrece elementos para entender las responsabilidades y características de los usuarios del CATPAI. Después, discute las características que debe tener la información que cada uno de los usuarios proporcione y qué información será necesario capturar dependiendo de la etapa en la que se encuentren distintas políticas públicas. Es importante señalar que en la preparación de este documento ejecutivo se supone que el lector conoce el documento anexo  (“Criterios mínimos de catalogación”).

Características y responsabilidades de los sujetos involucrados

Para que el CATPAI sea una plataforma de fácil acceso que, además, permita interacción entre los ciudadanos y los sujetos obligados, y entre estos y el INAI como nodo coordinador del SNT se deberán considerar tres sujetos involucrados. En primer lugar, existirán individuos u organizaciones públicas o privadas que quieran obtener información del catálogo. En segundo, están los sujetos que proporcionan información al catálogo a través de documentos, informes, prácticas y reflexiones sobre las diferentes políticas. Finalmente, es indispensable que exista un agente que asegure que la información proporcionada cumpla con las características esperadas: que esté completa, sea de calidad, cumpla con los criterios mínimos establecidos. En este sentido, deben considerarse los siguientes tres tipos de sujetos involucrados en la implementación del CATPAI: administrador, usuarios y público.

Administrador

El único administrador del catálogo será el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El Instituto se encargará de validar a los usuarios, de evaluar la pertinencia de la información que comparten en el Catálogo de acuerdo con los criterios mínimos establecidos pare este fin y de garantizar el acceso de usuarios y público (ver abajo) a la información contenida en el CATPAI. Asimismo, el INAI procurará mantener actualizado el estado de los sujetos obligados, informarles sobre sus responsabilidades y llevar registro minucioso de modificaciones en la información catalogada.

Usuarios

Los usuarios serán quienes den datos e información sobre las políticas públicas, de acuerdo con los criterios mínimos establecidos y las funcionalidades técnicas del CATPAI. Hay dos tipos de usuarios: usuarios obligados y usuarios no obligados.

Los primeros son los miembros del SNT que tienen a su cargo políticas de transparencia y acceso a la información pública. Los usuarios obligados son responsables de suscribir las políticas en el catálogo y de darles seguimiento conforme se van modificando o pierden vigencia. Es responsabilidad de los usuarios obligados proporcionar toda la información relacionada con las políticas públicas a su cargo en el presente, así como de nuevas políticas que surjan en el futuro. Cada usuario obligado deberá contar con un responsable individual que esté dotado de atribuciones (y sea reconocido por el administrador) para hacer modificaciones en el catálogo.

Por otro lado, el INAI habrá de contemplar usuarios “no obligados” que puedan proponer políticas públicas sin ser directamente responsables de su diseño, implementación o evaluación. Por ejemplo, académicos u organizaciones de la sociedad civil podrían solicitar ante el administrador el estatus de usuarios no obligados. La idea es que los usuarios no obligados puedan capturar información sobre políticas públicas prospectivas, usando los mismos criterios mínimos que los usuarios obligados. Las propuestas así diseñadas serán recogidas y sistematizadas por el administrador para su análisis y, en su caso, el administrador podrá recomendar su adopción e implementación.

En todo caso, los usuarios serán los únicos que podrán modificar los contenidos de las políticas públicas capturadas1. No obstante, las funcionalidades para hacer modificaciones dependerán del estatus en que se encuentre la política pública en cuestión (ver abajo). Esta restricción es crucial para mantener la coherencia lógica del modelo de políticas que subyace al CATPAI.

Público

Toda persona, física o moral, con interés en las políticas de acceso a la información que se encuentran documentadas en el Catálogo podrá acceder a la información en él contenida. El público tendrá acceso a toda la información del catálogo pero no podrá modificarla. El público del CATPAI podrá incluir, entre otros, a ciudadanos comunes, periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, organizaciones gubernamentales, organizaciones internacionales.

Características de la información en el catálogo

Se busca que la información contenida en el CATPAI cumpla al menos tres características generales: comparabilidad, calidad y utilidad pública. Para lograr lo anterior, es indispensable que se cumplan dos condiciones: (1) la información debe tener características formales establecidas en el la legislación mexicana y (2) la información debe cumplir con criterios mínimos de catalogación con base en un modelo lógico.

Respecto a la primera condición, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece las siguientes características que se deberán tener en cuenta en el diseño de las funcionalidades técnicas del catálogo:

  • Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;
  • Integrales: Los datos reflejan el rubro al que se refieren y contienen los metadatos necesarios para su clasificación;
  • Gratuitos: Los datos se podrán obtener sin entregar a cambio contraprestación alguna;
  • No discriminatorios: Los datos serán disponibles para cualquier persona;
  • Oportunos: Los datos habrán de ser actualizados periódicamente conforme se generen;
  • Permanentes: Los datos se deberán conservar en el tiempo, para lo cual las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores oportunos;
  • Primarios: Los datos deben provenir de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;
  • Legibles por máquinas: Los datos deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
  • En formato abierto: Los datos habrán de estar disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y
  • De libre uso: Los datos contenidos en el Catálogo requerirán de citar la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.
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Cuadro 1 — Preguntas guía y formatos para catalogar criterios mínimos

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Cuadro 1 (cont.)

Respecto a la segunda condición y para asegurar que la información sea comparable y de calidad conceptual, es indispensable que todas las políticas públicas sean capturadas bajo los mismos rubros y con base en un modelo lógico consistente. Cada rubro también habrá de explicitar formatos específicos para organizar la información. En el documento adjunto “Criterios mínimos de catalogación” se establecen los rubros que todo usuario deberá proporcionar. Con base en dicho modelo conceptual mínimo, el Cuadro 1 presenta preguntas guía y los formatos en las que éstas deberán responderse.

Estatus de las políticas

Para lograr su objetivo pedagógico, es necesario que el catálogo también sea una herramienta que instruya a usuarios y público sobre las distintas etapas de la hechura e implementación de las políticas públicas. En este sentido, dependiendo de la etapa de la política pública, los usuarios podrían modificar o no la información en el catálogo, de acuerdo con los criterios mínimos (cf. Cuadro 1). De esta forma se asegurará que las políticas catalogadas sigan el modelo lógico, al tiempo que se da flexibilidad para registrar cambios y dar (meta) información sobre cómo evolucionan las políticas de transparencia y acceso a la información pública.

El modelo lógico adoptado establece que las políticas púbicas, idealmente, se desarrollan en cuatro momentos que son más o menos secuenciales: definición, planeación, implementación y evaluación. Sin embargo, no es deseable constreñir la información a este modelo secuencial en la medida en que las fases (como la implementación y la evaluación) son iterativas (es decir, se repiten a medida que la política se encuentra con contingencias e imprevistos). De ahí que sea deseable permitir que los usuarios hagan modificaciones (versionadas) con base en la madurez de cada política en el catálogo. La propuesta es que dependiendo del estatus de las políticas catalogadas, los usuarios puedan hacer modificaciones en (partes de) la información contenida en el catálogo.

Toda política contenida en el catálogo tendrá atributos que le identifiquen (nombre, usuario que la propone, usuario responsable, etc.) y también tendrá un estatus. En particular, el catálogo contendrá políticas con tres posibles estatus:

  • En construcción se refiere a políticas que están en la etapa de diseño del problema y formulación y cuyos componentes y operación (insumos, actividades, resultados, etc.) aún se discuten.
  • Vigente se refiere a políticas en proceso de implementación y que operan como parte de las actividades de algún miembro del SNT.
  • Sin vigencia se refiere a políticas que fueron abandonadas o cuyos propósitos fueron cabalmente alcanzados.
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Cuadro 2 — Posibilidades de modificación de la información

Con base en lo anterior, el cuadro 2 ilustra las opciones de modificación para cada estatus posible en el catálogo (sí se puede modificar, no se puede modificar o sólo se pueden actualizar métricas). Se asume que las políticas “en construcción” pertenecen al catálogo, pero no son públicas. Por el contrario, todos los rubros mínimos (sus cambios versionados) de las políticas vigentes y sin vigencias serán públicos, en el sentido de que serán susceptibles de consulta por los tres tipos de sujetos (ver arriba).


  1. Shick, A. (2000), “Opportunity, strategy and tactics in reforming public management”, en OCDE, Government of the future, Paris: OCDE.
  2. Merino, M. (2013), Políticas Públicas: Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos, México: CIDE.
  3. Cejudo, G. (2010), “Discurso y Políticas Públicas”, en Mauricio Merino et al., Problemas, decisiones y soluciones: problemas de política pública, México: CIDE.
  4. Méndez, J. (1993), La política pública como variable dependiente: hacia un análisis más integral de las políticas públicas, México: El Colegio de México.
  5. Laswell, H. (1992), “La concepción emergente de las ciencias políticas”, en Luis F. Aguilar, El estudio de las políticas públicas, México: Porrúa.
  6. Yanow, D. (2000), Conducting interpretative policy analysis. Thousand Oaks: Sage.
  7. Howlett, M. (2011). Designing public policies. Londres: Routledge.
  8. Bardach, E. (1998), Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas: un manual para la práctica, México: Porrúa.

  1. El administrador, se entiende, tendrá facultades para hacer comentarios y sugerir modificaciones, para verificar que la información proporcionada sea la adecuada y para eliminar la que no lo sea.